Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: Disminución de mandato no afecta a Presidente Maduro

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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sentenciado que una enmienda constitucional no puede tener efectos retroactivos en el tiempo o ser de aplicación inmediata. Es decir, si se aprueba la ley que prepara la oposiciónen la Asamblea Nacional para recortar el mandato de los presidentes de seis a cuatro años, ésta no afectaría a Nicolás Maduro sino al próximo presidente.

De acuerdo a lo señalado por elmundo.es La decisión del Supremo supone un nuevo golpe contra la estrategia opositora. De las cuatro vías constitucionales que la oposición venezolana propuso para sacar a Maduro del Palacio de Miraflores, la enmienda para recortar el periodo presidencial lucía como una de las menos traumática, pues la Mesa de la Unidad Democrática cuenta con los votos en el Parlamento para impulsarla.

Sin embargo, desde el principio se le criticó que el TSJ -que hasta hoy ha frenado todas las decisiones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora- la bloquearía con el argumento de que no aplica para el actual mandato presidencial. Y así ha sido.

La sentencia del TSJ, de número 2016-0271, agrega que admitir que la enmienda puede reducir el periodo de Maduro “constituiría un quebrantamiento incuestionable al ejercicio de la soberanía” y desconocería la voluntad del pueblo.

El fallo, ponencia del magistrado Arcadio Delgado Rosales, incluso echa mano de ejemplos de otros países para justificar la decisión, como es el caso de la enmienda XXII de la Constitución de Estados Unidos en 1951 que “no se aplicó al periodo constitucional que estaba vigente en esa época”.

“Tratar de utilizar la figura de la enmienda constitucional con el fin de acortar de manera inmediata el ejercicio de un cargo de elección popular, como el del presidente de la República, constituye un fraude a la Constitución, la cual prevé otros mecanismos de expresión de la voluntad popular”, señala el texto.

En esta ocasión el Supremo sí ha utilizado argumentos jurídicos sólidos más allá de la defensa inquebrantable de la revolución empleada en las sentencias previas. El máximo órgano judicial, cumpliendo las órdenes que previamente le llegaban desde el Palacio Presidencial y buscando el blindaje de Maduro tras la debacle electoral de diciembre, ha desarrollado una ingente labor judicial en menos de cuatro meses: suspendió las elecciones en Amazonas para que la oposición no cuente con una mayoría de 2/3 partes, impuso el Decreto de Emergencia del primer mandatario pese al voto negativo de la Asamblea, se defendió así misma negando al Parlamento revisar el proceso de elección de los magistrados, declaró inconstitucional la reforma del Banco Central de Venezuela y, sobre todo, echó por tierra la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.

Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento, calificó de “sinvergüenzas” a los siete magistrados de la Sala Constitucional, que ni siquiera esperaron que la enmienda se aprobara en segunda discusión en la Asamblea para anularla. “Combo sala inconstitucional TSJ, Alto Mando, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía y pseudo Defensoría del Pueblo niegan posibilidad de salida constitucional, pacífica y electoral del régimen”, escribió en Twitter.

Las otras propuestas para el cambio de gobierno que ha esbozado la oposición son la renuncia (improbable), la Constituyente (reforma todo el Estado) y el referendo revocatorio, boicoteado de momento por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, anunció ayer que el miércoles marcharán a las oficinas del Consejo Nacional Electoral de todos los estados para exigir la planilla necesaria para recolectar las firmas que permiten activar el proceso del revocatorio. La oposición pide ese documento al Poder Electoral desde el 9 de marzo, sin respuestas. En los estudios de opinión realizados porDatanálisis, al menos el 65% de los encuestados se muestran favorables a que Maduro salga del poder vía Revocatorio.

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